La Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al expresidente Pedro Castillo por el delito de conspiración para la rebelión, en el proceso por los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso. La sentencia fue emitida el 27 de noviembre de 2025 e impuso 11 años, 5 meses y 15 días de pena privativa de libertad.
Los hechos que se juzgaron
El 7 de diciembre de 2022, horas antes de que el Congreso votara una moción de vacancia en su contra, Castillo anunció en un mensaje a la nación la disolución del Parlamento y el establecimiento de un gobierno de excepción. El anuncio no tuvo respaldo institucional: ese mismo día el Congreso aprobó su vacancia y el entonces presidente fue detenido. A partir de esos hechos se abrió el proceso que ahora cuenta con sentencia.
Qué decidió el tribunal
- Declaró a Castillo coautor del delito de conspiración para la rebelión, ubicado entre los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional.
- Calificó los hechos como conspiración y no como rebelión, porque, según la Corte, el intento de quebrar el orden constitucional no llegó a concretarse.
- Impuso, además, dos años de inhabilitación para ejercer función pública.
- Lo absolvió de los cargos de abuso de autoridad y de grave perturbación de la tranquilidad pública.
Los coacusados
En el mismo proceso, la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez recibió idéntica pena, mientras que el también expremier Aníbal Torres fue condenado a seis años y ocho meses por el mismo delito. La diferencia entre las penas refleja la valoración que hizo el tribunal de la participación de cada uno.
La diferencia entre rebelión y conspiración
La distinción es central en el fallo. La rebelión supone alzarse en armas con el propósito de variar el orden constitucional, mientras que la conspiración sanciona el concierto de dos o más personas para cometer ese delito. Al descartar que el intento se hubiera consumado, el tribunal fijó una pena menor que la que corresponde a la rebelión.
Qué sigue
Como toda decisión judicial, la sentencia puede ser cuestionada mediante los recursos que prevé la ley. Su texto permite revisar con detalle los fundamentos de la Corte y la valoración de las pruebas, un material de interés para quienes siguen el desarrollo de este caso y los criterios aplicados en los delitos contra el orden constitucional. Para los estudiantes y profesionales del derecho penal, es además una oportunidad de analizar cómo se delimitan los tipos penales de rebelión y conspiración en un caso de enorme relevancia pública.