¿Nepotismo? Hija de director de Sanidad PNP bajo investigación por incumplir el residentado
Ximena Villacorta Paredes, capitana y médica residente, es señalada por supuestamente incumplir las exigencias del programa médico mientras su entorno institucional guarda silencio.
En los últimos días, diversos medios de comunicación han revelado un presunto incumplimiento de las obligaciones propias del residentado médico por parte de Ximena Villacorta Paredes, médica residente en el Hospital Central de la Policía Nacional del Perú. La profesional, además de ser capitana de la PNP, es hija del general Jorge Villacorta, actual director de la Sanidad de la institución. Este vínculo familiar ha generado cuestionamientos sobre un posible favorecimiento irregular dentro de un programa de formación que exige estricta dedicación, ética y meritocracia.
El Residentado Médico está regulado por la Ley N.º 30453, Ley del Sistema Nacional de Residentado Médico (SINAREME), y su reglamento, aprobado mediante el D.S. N.º 008-2017-SA. Esta normativa establece que el residentado es de carácter obligatorio, presencial y de dedicación exclusiva, con una jornada mínima de 60 horas semanales. Dicha jornada incluye actividades académicas, asistenciales y guardias hospitalarias obligatorias, que deben ser debidamente registradas y supervisadas por los comités docentes de cada sede.
De acuerdo con la información difundida por el programa Panorama y ampliada por el portal Infobae, Villacorta Paredes cumpliría solo cinco horas de trabajo al día y no participa en las guardias médicas correspondientes. Las grabaciones realizadas en junio muestran que la residente abandona el hospital alrededor del mediodía, y su nombre no aparece en los cronogramas de guardia médica desde hace más de un año, lo cual contradice directamente las exigencias establecidas por la norma.
Estas irregularidades ponen en tela de juicio no solo el cumplimiento de sus deberes formativos, sino también el rol de supervisión del hospital y de los responsables de su formación. Si bien aún no se ha confirmado una infracción formal, el Ministerio del Interior ha dispuesto la apertura de una investigación interna, a cargo del Inspector General de la PNP.
¿Qué consecuencias podría generar este caso?
Desde una perspectiva jurídica, el caso podría derivar en distintas responsabilidades:
1. Responsabilidad académica y disciplinaria, conforme al artículo 20 del reglamento del SINAREME, que establece sanciones como suspensión, pérdida del año académico o separación definitiva ante el incumplimiento de la jornada o las guardias.
2. Responsabilidad administrativa funcional, por parte de los supervisores o autoridades que hayan incurrido en omisión de funciones, según lo regulado por la Ley N.º 30057 – Ley del Servicio Civil y el marco de control de la Contraloría.
3. Responsabilidad penal, si se evidencian actos de favorecimiento, abuso de autoridad o tráfico de influencias, configurando infracciones al Código Penal, en particular los artículos 376 y siguientes.
¿Por qué preocupa este caso?
El artículo 2, inciso 2, de la Constitución establece el derecho a la igualdad ante la ley. Permitir que una profesional con vínculos de poder eluda obligaciones básicas del residentado, mientras sus colegas cumplen jornadas extenuantes, vulnera ese principio y socava la legitimidad del sistema público de salud y formación médica.
Este caso no solo plantea una preocupación ética, sino también la necesidad de revisar los mecanismos de fiscalización dentro del residentado, especialmente en sedes hospitalarias vinculadas a instituciones policiales o militares, donde puede haber mayor riesgo de jerarquías paralelas que impidan el cumplimiento de la norma.
Más allá del impacto mediático, lo revelado obliga a reflexionar sobre el fortalecimiento del sistema de control en los programas de especialización médica. El Estado debe garantizar que el acceso, permanencia y egreso del residentado se rija por los principios de legalidad, mérito e igualdad, sin excepciones basadas en vínculos familiares o institucionales. Solo así podrá sostenerse la confianza en la formación de quienes tienen en sus manos la vida y salud de la población.